Desde que se ratificó la Constitución en 2008, Ecuador ha hecho progresos en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidades. La Constitución asegura que todos tengan acceso a la educación, la atención médica, el trabajo y la participación en la política, creando una obligación clara para el Estado. Además, se han lanzado iniciativas como la “Misión Manuela Espejo”, que tenía como finalidad censar y apoyar a las personas con discapacidades que se encuentran en situaciones vulnerables. No obstante, la aplicación de estas políticas ha sido desigual. La escasez de fondos, la inadecuada formación del personal en entidades gubernamentales, y la limitada implicación de las propias personas con discapacidades en la creación de políticas han afectado su eficacia.
| Misión Las Manuelas |
Investigaciones
como la realizada por Díaz Velázquez en 2015, mencionada en la Universidad de
Murcia, demuestran que en América Latina las políticas públicas suelen
concentrarse más en medidas asistencialistas que en cambios profundos. En el
caso de Ecuador, esto se observa en la entrega de bonos o ayudas económicas que
no siempre van de la mano con planes de autonomía o empoderamiento.
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